Los Centros de Asistencia Judicial (CAJ) serán los encargados de brindar asesoramiento letrado a las familias de bajos recursos económicos que inicien el trámite.
Por Manu Abuela
Los niños y niñas que estén llevando adelante el trámite de cambio de sexo, nombre de pila e imagen según la ley 26743 de Identidad de Género sancionada el 9 de mayo de 2012, cuentan ahora con asesoramiento del gobierno de la provincia. Las familias que desean tener un asesoramiento legal para realizar dicho proceso de cambio registral en el Registro Civil y de Capacidad de las Personas pero no pueden pagarlo, cuentan con la ayuda del CAJ más cercano.
Según el director del Registro Civil, Mariano Gálvez, este tipo de trámites ya se realiza en la provincia desde hace tiempo. Por eso, expresó que “es fruto de un trabajo conjunto y constante con la mirada puesta en garantizar el derecho a la identidad asegurando primero el derecho fundamental de acceso a la justicia”.
Esta resolución fue firmada por dos ministerios, el de Gobierno, Justicia y Derechos Humanos encabezado por Celia Arena y el de Igualdad, Género y Diversidad al mando de María Florencia Marinaro.
En el documento se dispone que el Oficial Público del Registro Civil hará saber en forma clara de esta posibilidad a los representantes legales de los y las menores al momento de iniciar el trámite ante dichas oficinas, con el objetivo de salvaguardar los derechos tutelados en la ley, la Constitución y los Tratados Internacionales.
Por su parte Nerea Tacari, subsecretaria de Políticas de Igualdad y Diversidad, expresó que es indispensable que la falta de recursos no sea un impedimento para que se garanticen los derechos de los niños y niñas, entre ellos el del cambio registral para las infancias trans. Además, agregó que “esta ley tiene como pilares la desjudicialización y la despatologización.
En este sentido, siempre es útil aclarar que para que las personas puedan modificar su nombre y género se requiere un trámite administrativo ante el Registro Civil, que en ningún caso exige informes médicos y/o psicológicos. El espíritu de la ley busca evitar someter a las personas a procesos victimizantes que las expongan a relatar cuestiones de su vida privada. Esta Resolución que permite acceder a un asesoramiento jurídico a quien no puede hacerlo por recursos económicos es una forma más de preservar este proceso de cambio registral, garantizando el cumplimiento del espíritu de la ley”.
