El 17 de mayo la agrupación “Mi parto, mi decisión” organizará en todo el país la primera marcha nacional para visibilizar la violencia ginecobstétrica y dialogamos con sus referentas a nivel nacional y regional.
Por Manu Abuela
“En lo personal fui víctima de violencia ginecológica. Al tener a mi segundo hije busqué otro método anticonceptivo que no sea hormonal y mi médico me recomendó el DIU de cobre sólo con la contraindicación de que me generaría mayor sangrado. Pero me pasaron otros síntomas, como mucha angustia sin explicación o caída del cabello. Volví a mi ginecólogo para preguntarle si este dispositivo era el responsable y me dijo que eso era imposible. Yo no me quedé con eso y busqué información. Me salvó la vida saber hablar inglés, porque encontré un foro donde cientos de mujeres contaban que les pasaba lo mismo que a mí y la causa era intoxicación por exceso de cobre en el organismo. Cuando recabé información, la volqué en un blog en español y se lo compartí a miles de mujeres, quienes me agradecieron”. Así comenzó su relato Florencia Kot Hansen, una de las miembros de la comisión directiva de la campaña “Mi parto, mi decisión” y coordinadora de “las guardianas” de la campaña.
Y es que toda persona con útero comienza en edades tempranas con las consultas ginecológicas, naturalizando de forma lenta y progresiva algunas prácticas invasivas sobre el cuerpo. Esto nos anestesia, para llegar al momento de la gestación y del parto listas para la sumisión, el miedo, el sometimiento a las prácticas sin preguntar ni siquiera qué tiene el suerito que nos colocan al ingresar al hospital en trabajo de parto.
Florencia continuó su relato. “A raíz de lo sucedido busqué el lado B de otros anticonceptivos, el que los médicos no cuentan, y empecé a ver esta relación violenta con las mujeres de negación de la sintomatología, de ocultamiento de la información, de no querer sacarte los dispositivos. Y ahí empecé a revisar mis partos y ver que había muchas cosas que no estaban bien. Con mi primer hijo fue la primera vez que entré a un quirófano. Me indujeron el parto, porque la fecha era el 27 de diciembre, y como la inducción no funcionó me llevaron a cesárea donde me ataron los brazos, hicieron comentarios sobre mis genitales y hasta se sacaron fotos”.
Lamentablemente, este relato podría bien llevar el nombre de miles de otras mujeres que padecieron idénticas violencias, idéntica situación pero en diversos puntos del país. Y es que, aunque en nuestro país existan algunas leyes que reconocen a la violencia obstétrica y hasta le otorgan derechos a las personas gestantes y recién nacidos, lo cierto es que en la práctica, se encuentran olvidadas en un cajón.
Ese continuo de la relación del sistema médico con el sometimiento de los cuerpos de las personas con útero hacen que sea muy difícil que las mujeres puedan advertir que fueron víctimas de este tipo de violencias. Como dijo Kot Halsen “es muy difícil que las mujeres denuncien estas situaciones. Este tipo de violencia está aceptada culturalmente, por eso muchas veces ni víctimas ni victimarios nos damos cuenta que estamos atravesados por ella”.
Definiendo
En la ley 26485 de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales la violencia obstétrica figura en el artículo seis como una de las modalidades donde la violencia de género se expresa. La normativa la define como “aquella que ejerce el personal de salud sobre el cuerpo y los procesos reproductivos de las mujeres, expresada en un trato deshumanizado, un abuso de medicalización y patologización de los procesos naturales”.
No es necesario demasiado análisis para advertir que lo que vivió Florencia fue, claramente, violencia obstétrica. Y, como ella, las personas con útero estamos atravesadas por un sinfín de intervenciones que se hacen “por rutina”, sin sentido y ya sin tanta evidencia científica que lo avalen o desoyendo las recomendaciones de organizaciones como la Organización Mundial de la Salud (OMS).
Ejemplifiquemos: llega al hospital una mujer que está transitando una situación de parto en condiciones totalmente normales. La controla la obstétrica, viene dilatando, su cuello de útero está blando y preparado para un parto vaginal y los signos vitales del bebé son normales. En vez de esperar que el parto siga su desarrollo fisiológico –lo que en términos económicos resulta nada costoso para salud pública- se la comienza a intervenir, sin sentido o “por las dudas”. El suero, o el famoso goteo, que acelera las contracciones y acelera el trabajo de parto es una de estas intervenciones que tiene riesgos para la madre y el bebé, además de ser sumamente doloso, y que se practica con naturalidad.
Y el suero es la primera de las cascadas de intervenciones que padecen: ataduras en las cesáreas, episiotomías, roturas de bolsas en momentos no necesarios. Sin información sobre lo que realizan con su cuerpo y mucho menos sin su consentimiento, a ello se le suma el trato, primero despersonalizado -porque decirle “mami” a una embarazada no es llamarla por su nombre- y luego a través de la violencia verbal.
Hecha la ley
Pero la antes mencionada no es la única ley que atañe a esta problemática. La más clara y específica es la ley 25929 de Parto Humanizado o Respetado, donde se dejan expresados los derechos de las personas embarazadas, en situación de parto y postparto y de los recién nacidos.
Con relación a las personas gestantes, en su artículo Nº 2 menciona, entre otros, el derecho a ser informada sobre las distintas intervenciones médicas para optar libremente, a ser tratadas con respeto, a ser considera una persona sana. También menciona algo central: ser protagonista de su propio parto, donde pueda transitar un parto natural respetuoso de los tiempos biológicos y psicológicos, sin prácticas invasivas, siendo acompañada por la persona que ella desee.
Y esto es visagra, porque en la realidad ocurre totalmente lo contrario. Y en nuestra región, también. La agrupación feminista Las Chuecas, de la localidad de San Jorge, que se suman a la Campaña, así lo deja expresado por medio de una de sus miembros, Elisa Ridolfo, musicoterapeuta, doula y especialista en crianza fisiológica: “hace dos años pedimos un informe al Samco local sobre la tasa de nacimientos, especificando cesáreas de partos vaginales. Las primeras superan el 70%, cuando la OMS recomienza que no superen el 15% ya que, si así lo hicieran, aquellos efectores de salud estarían incurriendo en violencia obstétrica”.
Pero esta no es la única forma en que la problemática se visibiliza en la primera ciudad del departamento San Martín. Como continúa Ridolfo, “Además de la cantidad de cesáreas totalmente innecesarias, de las dolorosas inducciones a las que son sometidas mujeres cuyos embarazos son totalmente sanos y tratos verbales desafortunados por parte de muchos profesionales de la salud, los niños son separados de sus madres al nacer para controles médicos que pueden esperar y hacerse a las horas en situaciones donde todo está en salud, sin respetar la hora sagrada, un derecho del recién nacido. Tampoco se tienen en cuenta los planes de parto que las mujeres redactan donde manifiestan sus deseos y ningún obstetra los quiere firmar, sin respetar la ley de derecho del paciente. Ni hablar que no son notificadas de las intervenciones que les realizan, sin saber que se puede negar a ellas”, agregó. Ese es el estado real de la situación.
Por eso Violeta Osorio, miembro de la campaña nacional “Mi parto, mi decisión”, agregó que “en Argentina, si bien tenemos la ley de Parto Respetado, en términos reales y concretos no existen mecanismos de prevención para esta problemática. El Estado te pide empoderarte con tu plan de parto, pero no hay mecanismos concretos para que se respete, ni se plantea qué sucede con las instituciones, con los médicos. O sea, aunque existen dos leyes son totalmente inoperantes y dejan a las mujeres en situación de desprotección y vulneración”.
“Mi parto, mi decisión”
“La campaña surge en las redes sociales a mediados del año pasado. Construimos mucho en sólo meses. Un grupo de personas que no nos conocíamos personalmente decidimos reunirnos para trabajar en conjunto, ya que compartíamos el activismo en otras agrupaciones o ya veníamos trabajando sobre la temática y construyendo marcos teóricos. Somos doulas, provenimos del área de las ciencias sociales, de la salud, del derecho. Pensamos como estrategia lanzar una campaña nacional que hoy tiene como objetivo visibilizar esta problemática, porque el principal problema de la violencia ginecobstétrica es que no se habla por estar naturalizada. Para poder conseguir políticas públicas y el cambio cultural que debe venir para que las prácticas cambien a la hora de abordar nuestros cuerpos, es necesario hablar de esto”, expresó Luján Arcidiácono, coordinadora de la campaña nacional “Mi parto, mi decisión”.
En relación a la importancia de poner esta temática en el tapete, Florencia Kot Hansen expresó “que se visibilice este tipo de violencia culturalmente aceptada es fundamental para pensarla más allá del parto, sino en un continuo en la relación obstetra-persona gestante o ginecólogo-persona con útero, una relación desigual y de avanzada sobre la mujer”.
En esta dirección, para que la sociedad pueda reflexionar y hacerse eco de la problemática, las calles comenzaron a coparse de pañuelos rojos con el lema de la campaña. Al respecto, la coordinadora comenta que el color rojo representa el útero, la sangre, la violencia y la emergencia. El logo, un mandala de una mujer alumbrando a su bebé, fue dibujado por una artista inspirada en figuras precolombinas. Y el lema, que fue elegido mediante el voto, “es muy preciso para hablar de autonomía. Porque siempre hablamos de intervenciones pero en el fondo lo que subyace es la negación de la soberanía de nuestros cuerpos, como sucede en la campaña por el aborto legal, son dos caras de la misma moneda. Nuestros procesos nos pertenecen”, dejó en claro la coordinadora.
Otra misión que lleva adelante la campaña es el acompañamiento tanto de personas gestantes como de quienes sufrieron violencia obstétrica. “Constituímos al interior de la organización un grupo de guardianas, que son voluntarias que acompañan a personas gestantes en sus procesos de información sobre el marco legal que nos amparan y a víctimas de violencia gineco-obstétrica en la emergencia y en el después, en espacios de acompañamiento y de contención -rondas- llevados adelante por profesionales específicos, terapéuticos y legales, ayudándolas en la denuncia”, continuó Arcidiácono.
Pero estas mujeres que encabezan la campaña, además, son conscientes de que los derechos no se conquistan solos. “No podemos esperar que las mujeres conozcan la ley y se defiendan solas frente a un sistema violento, misógino y patriarcal. Entendemos que se pueden garantizar si hay una red que nos sostiene, no en la individualidad. Por eso, llevamos adelante una estrategia legislativa de capacitación del personal de salud”, comentó Luján.
En relación a dicho proyecto, Kot Hansen explicó que busca “formar a todo el personal de salud -no sólo médicos y médicas- sobre la ley por el parto respetado. Nos inspiramos en la ley Micaela para su elaboración. Se presentó en diciembre del año pasado en la legislatura y aún no se trató en comisión”.
Aunque no es el único, ya que además la campaña apoya otros dos proyectos de ley. Uno referido a casas de parto y el otro relacionado a nuevo ejercicio profesional de los licenciados y licenciadas en obstetricia, que de igual manera afectan directamente al funcionamiento del sistema de salud.
Marcha
En el marco de la semana mundial del parto respetado, que se desarrolla entre los días 14 y 20 de mayo, el día 17 se llevará adelante en todo el territorio nacional la primera marcha contra la violencia ginecobstétrica y neonatal, organizada por la campaña y acompañada por más de 40 agrupaciones que replicarán actividades y concentraciones en plazas públicas en la mayoría de las provincias, con una organización horizontal, como el feminismo argentino nos tiene acostumbrados.
“Es una estrategia de movilización, entendiendo que el cambio se consigue no solo con una ley sin una interpelación a la sociedad. El 17 de mayo tenemos que salir a la calle porque quienes trabajamos en esta temática todos los años nos hablamos entre nosotras en esta semana, pero tenemos que hablarle a la sociedad y mostrar que somos muchos a los que nos interesa que esto cambie”, expresó Arcidiácono.
Desde la campaña, la concentración principal será en Capital Federal frente al Congreso, un lugar emblemático para poder dialogar sobre todos estos proyectos de ley que aguardan ser tratados. Con el nombre “marea roja”, las personas con útero vestidas con alguna prenda roja y sus pañuelos inundarán las calles con diversas actividades artísticas relacionadas con performances, fotografía y música. Además, será una jornada de reflexión profunda.
En la región, la agrupación Las Chuecas forma parte de esas 40 que se sumaron a la organización del evento y se concentrarán en la plaza San Martín a las 17 para tratar la temática. “Las personas que militamos los partos fisiológicos, los partos respetados y los nacimientos respetados nos convocamos para visibilizar las altas tasas de violencia obstétrica, que es un tipo de violencia de género que convive con nosotros cotidianamente, en todos los nacimientos, sobre todo en nuestra población. Queremos dar información sobre los derechos de las personas gestantes y de los recién nacidos. Por eso apoyamos la campaña, porque esta lucha nos pertenece”, culminó Ridolfo.
