Tras conocerse la decisión del máximo órgano judicial de Santa Fe, Sastre se convirtió en un ejemplo de la lucha contra las fumigaciones
Por Ruth Oitana
La noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la provincia de Santa Fe convalidó la sentencia del juez de Rafaela Duilio Hail quien en septiembre de 2020 dispuso una zona de exclusión de mil metros para la aplicación terrestre de agroquímicos en torno al perímetro de la ciudad de Sastre, fue ampliamente replicada en todo el país.
A partir de una nota publicada por diario La Capital de Rosario, la información comenzó a esparcirse como reguero de pólvora. Fue así que distintos medios a nivel nacional y provincial se hicieron eco de este fallo que, por sus características, resulta un precedente muy importante en la lucha de las comunidades afectadas por las fumigaciones.
“Desde que salió la primera nota tras la publicación del fallo en el portal del Poder Judicial, todos los días estamos haciendo entrevistas para relatar en detalle cómo se dieron los hechos”, explicó Sonia González a El Impreso del Oeste.
“Es una locura todo lo que generó esta sentencia. Lo triste es que a pesar de que nos consultan desde canales de televisión, radios y diarios de todo el país y de la zona, en los medios locales nadie nos dio la palabra”, aclaró. La noticia ocupó las ediciones en papel de Página 12 y La Capital, así como entrevistas en IP Noticias; LT 8 Rosario;LT 9 de Santa Fe; FM Génesis de Estación Clucellas; FM Aire Libre de Rosario; radio Andalgalá de Catamarca; Radio Eme Santa Fe; Radio Mon de Pergamino; diario El Litoral; Bravo TV; Agroperfiles; Bumerang News; Infosastre; Tiempo Argentino; Radio Nacional; TV Pública y otros portales regionales.
Las repercusiones de este fallo judicial son tan importantes que hasta produjeron debates en el seno del Colegio de Abogados de Santa Fe, en el sector que se ocupa del derecho agrario. Además, los medios que se dedican a difundir noticias relacionadas al campo, abrieron el micrófono a la opinión de los productores y los ingenieros agrónomos que defienden el modelo agroindustrial, pero no dieron lugar a la explicación de los vecinos afectados.
Por otra parte, muchas organizaciones ambientalistas redactaron comunicados de beneplácito e instaron a tomar esta medida como un claro ejemplo de que la ley 11273 debe ser adecuada a la realidad que vive la provincia luego de 25 años de producción agroindustrial con semillas transgénicas asociadas a cócteles de agroquímicos. La mencionada ley de “fitosanitarios” anterior a que se comenzara con el modelo agroindustrial por lo que en reiteradas oportunidades se intentaron modificaciones en la legislatura pero siempre perdieron estado parlamentario.
“Acá lo destacable de este juicio es que se logró darle importancia y valor al derecho a la salud, la vida y a vivir en un ambiente libre de contaminación, antes que el derecho a la renta económica”, prosiguió.
“Ninguno de nosotros quiso ir por gusto a un juicio, pero las autoridades de Sastre nos obligaron a defendernos solos, nos soltaron la mano cediendo a las presiones de un grupo económico. La defensa de la salud, algo que es una obligación de las autoridades, la tuvimos que tomar en nuestras manos porque de lo contrario, todavía nos seguirían fumigando en la cara. Nadie quiere pelearse con los productores, pero si nos tiran veneno en nuestras caras, nos vamos a defender”, expresó.
La historia en primera persona
Sonia es la mamá de Zoe, la niña que hace cinco años (cuando sólo tenía dos años) estaba cursando un tratamiento oncológico y necesitaba, por prescripción médica, recuperarse en un ambiente libre de contaminación. Sin embargo, su vivienda estaba muy cerca de la zona rural donde hasta 2018 sólo existían 100 metros libres de agroquímicos. Justamente en esos campos, una vecina de Sonia – Ainalén Viñuela-, había registrado una fumigación que no respetaba el límite impuesto por la ordenanza local.
La situación irregular registrada por Ainalén con su teléfono celular, llevó a la organización de un grupo de vecinos que, cansados de vivir episodios similares en otros puntos entre la zona rural y la urbana y alarmados por la creciente cantidad de casos de cáncer y su posible relación con la exposición a los agroquímicos, decidieron presentarse en el Concejo. Allí, en una audiencia que se realizó en marzo de 2018 los vecinos solicitaron a los ediles la necesidad de ampliar la zona de resguardo entre las fumigaciones y la gente.
“Desde la primera vez que fuimos al Concejo, notamos que no nos iba a ser fácil lograr más metros de resguardo. En esa primera reunión que solicitamos, sentado junto a los concejales como uno más, estaba el ingeniero agrónomo de la Municipalidad que juró y perjuró que lo que yo había visto estaba equivocado y que él había controlado la fumigación que se realizaba a menos de 100 metros de la puerta de mi casa, sin respetar ninguna ordenanza”, contó Viñuela.
“Había leído informaciones sobre las consecuencias de las fumigaciones y no estaba dispuesta a llegar a enfermarme para reclamar por mi salud. Pensaba en Zoe y su familia y a cualquiera con un mínimo de sentido común se le habría ocurrido que lo más seguro era alejar la mayor distancia posible los venenos agrarios de la gente. Sin embargo encontramos resistencia por parte de las autoridades”, explicó Viñuela.
Lo que primero empezó como un reclamo unipersonal de Ainalén ante el municipio, donde nadie pudo darle respuestas ni decirle cómo proceder ante la verificación de una fumigación en infracción, pronto sumó a otros vecinos preocupados por el tema que decidieron acompañarla al Concejo.
En esa primera reunión entre ediles y vecinos, estos últimos presentaron material sobre los estudios científicos existentes que avalaban los problemas de salud que sufrían las poblaciones rurales expuestas en forma permanente a bajas dosis de agroquímicos. Problemas que la gente de Sastre ya estaba experimentando desde hacía varios años, pero que la repetida idea de que “sin agroquímicos no se puede producir”, acallaba cualquier reclamo.
Desde un primer momento los vecinos solicitaron que se elevara la distancia como mínimo a 500 metros como dispone el decreto reglamentario de la ley provincial 11273. Incluso sugirieron que se tomaran en cuenta las experiencias de otras localidades como Hersilia, por ejemplo, donde existían zonas de exclusión de hasta 800 metros en las que se realizaban producciones agroecológicas de distinta índole con excelentes resultados y rindes económicos.
La respuesta del Concejo, cuya mayoría estaba compuesta por ediles que respondían al gobierno municipal de María del Carmen Amero, fue que sólo podían aumentar en 100 metros la zona libre de fumigaciones y que eso era más que suficiente.
Los vecinos se ofrecieron a realizar una serie de charlas y actividades con especialistas en agroecología, en derecho ambiental y en salud, para avalar sus pedidos de alejar las aplicaciones de venenos de la ciudad.
Pasó casi todo el año y en octubre se unen al pedido de los vecinos agrupados en la asamblea Unión Ciudadana por la Vida y el Ambiente los papás de Zoe. La situación de ellos era desesperante y la urgencia del momento llevó a los concejales a plantear la posibilidad de una ordenanza que dispusiera 500 metros libres. Allí la reacción de un grupo de productores que hasta el momento no habían intervenido demasiado en el asunto, estalló con furia.
Congregando a la mayoría de los colonos de la zona rural de Sastre y aledaños, todos se presentaron en el recinto del cuerpo legislativo local para impedir la sanción de la ordenanza. Los concejales no defendieron su postura en favor de la salud de Zoe y todos los ciudadanos y decidieron no sancionar la nueva norma. Además, les expresaron a los padres de la niña que no podían hacer nada y hasta le sugirieron que tomen el camino judicial para conseguir mayor distancia.
Así lo hicieron acompañados por otros 42 sastrenses en un amparo ambiental colectivo promovido desde la Procuración General de la Corte santafesina, contra el municipio para que alejara la aplicación terrestre de agroquímicos a mil metros y a mil quinientos las aéreas.
El juicio comenzó en noviembre de 2018. Casi dos años después consiguió la sentencia favorable en primera y segunda instancia. Sin embargo, el municipio no quiso dar el brazo a torcer e interpuso un recurso de inconstitucionalidad y otro de queja ante la Corte Suprema. Ambos fueron desestimados por la misma, sentando jurisprudencia en la materia y un precedente importante para todas las asambleas de vecinos fumigados de la provincia y el país.
Para los amparistas sastrenses el proceso no fue nada fácil. Debieron soportar represalias que atacaban sus puestos de trabajo e incluso, quienes tenían relación laboral con el municipio fueron despedidos sin causa. La situación fue tan tensa que se rompieron relaciones de amistad, comerciales y familiares. El camino fue difícil pero los vecinos lo transitaron con mucho esfuerzo y sin claudicar y con la firme consigna de que “la salud no se negocia”.
